El propietario de un parque de casas móviles exigió a los residentes que trasladaran sus viviendas para dejar espacio a un gran proyecto de servicios públicos. En el caso de las viviendas que no podían trasladarse debido a su estado, el propietario ofreció un precio de compra inferior al del mercado. Los inquilinos que carecen de representación legal y se ven obligados a aceptar este tipo de compra a menudo acaban sin hogar. Los abogados voluntarios del CPLP intervinieron para evitar este desenlace, asesorando a 14 familias en las negociaciones con el propietario del parque, lo que condujo a acuerdos más justos para cada una de ellas.
